DIFICULTADES EN LA PLANIFICACIÓN ECUATORIANA Y SU IMPLEMENTACIÓN A NIVEL TERRITORIAL – Loja.

Una vez que he retornado al país y he podido reintegrarme al mundo laboral, me encuentro apoyando a algunos Gobiernos Provinciales en sus procesos de planificación especialmente del sector productivo; es así como he pasado gran parte de mi tiempo en la ciudad de Loja, a la cual visito vía aérea desde Quito hasta Catamayo, completando el trayecto con un recorrido de una hora aproximada vía terrestre. La hermosura de Loja y la amabilidad de su gente me han abierto sus brazos haciéndome sentir como en casa.

El trabajo es bastante interesante, apoyando a equipos técnicos en su mayoría jóvenes, responsables de la planificación del territorio, con quienes intentó ajustar en algo los sueños a futuro de esta provincia con la experiencia que nos brindan los actores del territorio.

Lo antes mencionado ha impulsado las PERCEPCIONES de este escrito, ya que al compartir las dinámicas actuales que se presentan en la planificación territorial realizada en el país, he encontrado varias dificultades que van hasta su implementación, estas son:

Dificultades en la financiación de las iniciativas locales.- Desde el 2007 el visto bueno para la financiación de planes, programas y/o proyectos con fondos públicos recayó en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, esta es quien autoriza el direccionamiento del recurso económico estatal.

Es una hoja de ruta bastante recargada, posee varios filtros a considerar y que los formuladores de los proyectos (tomando en cuenta al proyecto como unidad básica de planificación) deben tomar en cuenta; sin duda alguna fue establecida con las mejores intenciones de efectivizar el gasto público.

Los pasos a seguir son: 1) Formular el proyecto en el formato establecido por SENPLADES, este llega a nivel de viabilidad; 2) Es necesario que el proyecto reciba el apoyo del Gobierno Provincial respectivo, mencionando que este proyecto se encuentra dentro de las prioridades provinciales; 3) El proyecto debe ser enviado al Ministerio Sectorial según la correspondencia del mismo; 4) Este Ministerio lo evalúa y otorga dos autorizaciones más, una técnica sobre la formulación y una financiera que reconoce tener el presupuesto para el proyecto; 5) Con estos dos avales el proyecto ingresa a la plataforma virtual del Sistema de Inversión Pública, manejado directamente por el Ministerio sectorial; 6) El Ministerio Coordinador es quien revisa el Sistema de Inversión Pública donde se encuentran todos los proyectos priorizados de sus Ministerios Sectoriales y aquí se jerarquizan; 7) Son enviados a SENPLADES, aquí se revisa todo el proceso y consulta con el Ministerio de Economía y Finanzas si el Ministerio Sectorial posee el presupuesto mencionado y se entrega la financiación.

Esto obliga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados a estar en constante formulación de proyectos y tener una cartera multi temática de estos, que le permitan negociar de mejor manera los recursos para su ejecución.

Para alinear la obligatoriedad de actualizar la planificación local con la financiación de la misma se estableció que “a partir del mes de octubre de 2011, se iniciará el proceso de implementación de los nuevos planes de desarrollo y ordenamiento territorial, a los que se sujetarán los presupuestos institucionales y los que serán objeto de seguimiento y evaluación para efectos de la  asignación de recursos.”[1]

Este punto a forzado las dinámicas de planificación en los territorios, son muy pocos los Gobiernos Autónomos Descentralizados que están construyendo sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial, y por la necesidad de tener dichos planes para recibir el financiamiento desde el gobierno han aumentado los “planificadores-consultores privados” encontrando un buen negocio, definiendo en ciertos casos el destino del país entre cuatro paredes.

Poca coordinación de acciones entre los Ministerios y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- La intervención que realizan tanto los Ministerios Coordinadores, como los Ministerios Sectoriales deja de lado la planificación realizada en los Gobiernos Locales.

Actualmente existe una separación en la ejecución de iniciativas locales, cada entidad posee sus propios instrumentos para cumplir con los mandatos establecidos en la Constitución Nacional, en la mayoría de las ocasiones, dichos instrumentos aterrizan en los territorios saltando la institucionalidad local.

Estos instrumentos (programas y/o proyectos) están desarticulados de los lineamientos y priorización establecida en los territorios, duplicando el accionar y muchas veces dificultando el cumplimiento de las competencias otorgadas por la constitución.

Débil representación de los GAD.- Las entidades de articulación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados son las encargadas de contribuir al fortalecimiento institucional de los GAD; la gestión que realizan estos está direccionada a garantizar la gobernabilidad, equidad y desarrollo, el apoyo se centra en el diseño de políticas, brindar servicios técnicos y establecer redes de cooperación entre los GAD.

Estas entidades de articulación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados son: el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador – CONCOPE que responde a los Gobiernos Provinciales; la Asociación de Municipalidades del Ecuador – AME, articulando a los Gobiernos Cantonales; y, el Consejo Nacional de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador – CONAJUPARE, que representa a más de 1000 Parroquias.

Existe falta de apropiación por parte de los GAD de estas entidades que los reúnen, por lo cual es necesario consolidar su participación en los territorios, aún más considerando que los GAD necesitan apoyo para asumir las competencias exclusivas que en la mayoría de los casos no tienen la experiencia técnica en su manejo.

La importancia de estas entidades además de todo el respaldo técnico que intentan ofrecer es que se han convertido en el canal más directo entre los GAD y SENPLADES, aunque este no se ha aprovechado al máximo, es una de las fortalezas a explotar para el establecimiento de propuestas e innovaciones del sistema actual de generación de políticas y sus respectivos instrumentos.

Baja capacidad técnica en generación e implementación de políticas por parte de los equipos técnicos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.- la Constitución otorga competencias exclusivas a los GAD en un esfuerzo de descentralización para impulsar el uso efectivo y eficaz de los recursos nacionales. Dentro de estas competencias se encuentra la de planificar el desarrollo territorial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación de los otros niveles territoriales[2].

En un breve análisis sobre la conformación de los cuadros técnicos se observa que los Gobiernos Provinciales son los más potentes técnicamente hablando, su división orgánico funcional está compuesta por varias secretarías para atender diversos temas con una alta capacidad técnica, y aunque esta organización interna debe ser ajustada para el cumplimiento de sus competencias, se asume que el trabajo interno técnico se dinamizará de mejor manera.

En cuanto a los Gobiernos Municipales existen casos varios, en los grandes Cantones se han consolidado equipos o cuadros técnicos, especialmente en las capitales provinciales, pero, existen otros que no tienen la capacidad suficiente como para cumplir con las competencias otorgadas por la Constitución, en su mayoría se los podría catalogar como Cantones rurales.

En el ámbito parroquial, es el que mayores dificultades presenta, ha este nivel se dificulta hablar del cumplimiento de las competencias exclusivas, reluciendo la falta de capacidad técnica para la gestión de sus Unidades Territoriales.

A pesar de las capacidades técnicas que poseen los GAD, es necesario mencionar que con la entrega de competencias exclusivas, muchas de estas “nuevas” tanto para autoridades como para los cuadros técnicos, han generado un shock institucional al momento de asumir estas responsabilidades que poco a poco se está superando.

Ahondando más esta dificultad es necesario mencionar que existe desarticulación entre los equipos que trabajan en un territorio en común, es decir, tanto equipos técnicos provinciales, municipales o parroquiales trabajan por separado, en la mayoría de los casos, o es muy escasa la cooperación entre ellos.

Una vez visualizadas estas cuatro limitaciones de la planificación en los territorios se nota que existe relación entre estas, especialmente la falta de capacidad técnica de los GAD viene a convertirse en un tema transversal para el resto de las dificultades identificadas.

Para superar estas debilidades varias son las respuestas políticas y técnicas que se están aplicando en los territorios, quizá no las más acertadas pero desde el punto de vista de los GAD las más viables sobre todo para cumplir con los tiempos establecidos y así solicitar el financiamiento correspondiente para los siguientes años.

Fórmulas ideales no existen, o al menos aún no las tenemos, pero las soluciones que se tomen desde los GAD deben respetar las características tanto socio-culturales y político-institucionales territoriales, y sobre todo ser procesos a corto, mediano y largo plazo que poco a poco vayan fortaleciendo las capacidades locales y nacionales en un esfuerzo de planificación conjunta y generación de políticas más alineadas a las realidades locales.

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[1] SENPLADES, CONCOPE, AME, CONAJUPARE. Lineamientos para la planificación del desarrollo y ordenamiento territorial. Estrategias para el fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 2010

[2] Art. 263, 264 y 267

EL POBLADOR RURAL ECUATORIANO A TRAVÉS DE LOS ÚLTIMOS 60 AÑOS DE HISTORIA

Para no perder la costumbre del blog y continuando con las características de “derrotero”, que he intentando otorgarle (para las personas que no estén familiarizadas con el término, el derrotero hace referencia a una publicación náutica, que consiste en ilustrar y describir las costas y sus perfiles visuales, así como los peligros presentes, formas de navegación convenientes, puertos, etc, para dar información indispensable al navegante), comento a mis poquisimos pero distinguidos lectores que he viajado al viejo continente a continuar con mis estudios, por lo cual, he seguido la ruta aérea que más de un millón de hermanos ecuatorianos han realizado por motivos varios, desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre hasta la Terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas; ciudad donde vivo desde hace 6 meses, en donde me encuentro escribiendo estas burdas palabras.

Les comento que como parte de mi estudio de tesis estoy realizando una investigación que me ha resultado muy interesante y quisiera compartir con ustedes una mínima parte de la misma, ha sido un reto poner a prueba los conocimientos adquiridos y ha sido un gusto revisar información y documentos de gran valia que menciono en este nuevo escrito. Recuerdo a ustedes que este blog se trata de las PERCECPCIONES del pseudo ensayista que está detrás de estas letras, y aunque basados en datos reales, no he dejado de poner mi pequeña contribución.

En Ecuador como en la mayoría de países latinoamericanas en los últimos 60 años ha existido un crecimiento demográfico pujante que se ha mantenido hasta la actualidad; datos censales de 1950 hablan de 3.211.000 habitantes, mientras que los datos del último censo de población y vivienda 2010 mencionan un total de 14.306.876 habitantes.

Los rasgos que definen la realidad demográfica del país están basados en la desigualdad de la distribución de la población a lo largo del territorio, mostrando claros desequilibrios regionales, así como en términos urbano-rurales. Para identificar los rasgos característicos de la población rural ecuatoriana, se ha tomado como referencia los últimos 60 años, para mostrar la evolución de las condiciones rurales.

En la década de 1950, según documentación oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC, la población rural representaba el 72% de la población total (2.297.000 habitantes), pobladores ubicados en zonas rurales de todos los rincones del país.

En esta década la población rural ecuatoriana sufre la primera convulsión económico social, ya que varias de las industrias más importantes en el país relacionadas con la exportación de sombreros de paja toquilla (Panama Hat) hacia Estados Unidos y Europa quiebran, afectando la economía de varias zonas del país especialmente de la sierra centro y sierra sur; los sectores poblacionales en su mayoría rurales que habían estado vinculados con dicha industria inician la primera gran oleada de emigración, seleccionando como principal destino Chicago o Nueva York, ciudades con las que tenían mayor relación por la importación del sombrero.

Si bien el principal destino fue Estados Unidos[1], varios países de América reciben un flujo importante de migrantes ecuatorianos sobre todo Venezuela, Chile y Canadá. Además existe una importante movilización hacia las ciudades a lo largo del país en búsqueda de mejores condiciones laborales y calidad de vida.

Desde finales de esta década hacia inicios de la década de 1960 el poblador rural ecuatoriano impulsa la creación de movimientos sociales que luchan por abolir la explotación laboral que sufren y las condiciones precarias de vida a las que son sometidos por parte de los grandes terratenientes, entre estos la iglesia. Esto provoca una serie de “redistribuciones” fallidas de tierra, generando movilizaciones hacia zonas inhabitadas e improductivas causando un gran impacto social y ambiental, y obligando al poblador rural, tradicionalmente agricultor a escapar hacia zonas con mayores oportunidades.

Este punto es de gran importancia para el poblador rural, ya que marca el inició de la participación política de los movimientos rurales en el Ecuador; a partir de esta década hasta la actualidad los movimientos políticos rurales de formación indígena, montubia y afro descendiente se han transformado en una de las mayores fuerzas políticas a nivel nacional.

Hay que recalcar que la vida rural ecuatoriana se ve muy influenciada por la separación económica y social que sufre la política durante varias décadas, ya que al priorizar el pago de la deuda se desatiende los servicios sociales de apoyo a la producción como son infraestructura, crédito, investigación, asistencia técnica, transferencia de tecnología; pero además se ven mermados los campos de educación y salud. Esto influencia aún más la movilización de la población rural hacia las ciudades; estudios realizados  sobre migración a nivel nacional mencionan que “la población rural se dirige a las ciudades no por las luces que esta brinda, sino por la oscuridad del campo[2]” haciendo referencia al abandono estatal del sector.

Estos movimientos migratorios por las causas mencionadas se pueden analizar con los datos que presenta el censo realizado en 1982, este demuestra que la población rural ecuatoriana ha crecido en un 81% desde 1950 (4.153.500 habitantes), pero la población urbana sufre un crecimiento del 330%, pasando de 914.000 habitantes urbanos en 1950 a 3.924.000 habitantes en 1982. Esto demuestra que la emigración rural en el Ecuador aportó en más del 40% del incremento poblacional urbano.

Entre las décadas de 1980 a 1990 se puede definir como una etapa de sensibles cambios para el poblador rural ecuatoriano, determinados por el modelo de desarrollo asumido por el país, las políticas de corte neoliberal implementadas, la caída de los precios del petróleo, el pago de la deuda externa, el aumento sucesivo de los precios internos, así como las crisis político institucionales; factores que causan el empobrecimiento de gran parte de la población y agrandan la brecha entre clases sociales.

El censo de 1990 presenta un crecimiento rural de 193.000 habitantes en comparación a las cifras de 1982 (4.346.000 personas), y en el ámbito urbano la población aumentó a 5.311.000 habitantes (1.387.000 nuevos pobladores urbanos)[3], superando por primera vez a la población rural con un 55% del total.

La década de 1990 marca la vida no solo de la población rural, sino del país en general, ya que se el sistema  financiero ecuatoriano quiebra, se produce el conocido  feriado bancario para evitar la fuga masiva del capital y la dolarización de la economía; esta crisis se manifestó en una vertiginosa expansión del desempleo, el subempleo y la pobreza tanto urbana y rural[4], y provocó la mayor ola migratoria hacia el exterior en proporciones nunca antes vistas, esta vez los destinos elegidos son España e Italia en mayor proporción.

Este proceso introduce una revitalización del movimiento político rural, con el movimiento indígena como su principal representante entre otras organizaciones o colectivos sociales[5].

Con el desarrollo de estos acontecimientos, tanto en el espacio urbano como en el rural se configuran nuevas formas de ocupación y organización, los pobladores rurales ubicados en las cercanías de la ciudades comienzan a desempeñar nuevas funciones, además de la extracción de materias primas agroforestales, de alimentos, de suministro de mano de obra, y de ciertos servicios, se generan actividades turísticas y recreativas, pasan a ser espacios de localización industrial y de otras actividades que se encontraban en zonas urbanas.

En el Censo del año 2001 se demuestra que los trabajadores que se encuentran en áreas consideradas como rurales eran el 39% de personas que trabajaban en el Ecuador para esa época, lo que permite estimar que la población rural incrementó en un 1,9% anual tomando en cuenta los datos del censo de 1990 (325.600 personas). El principal sector de ocupación rural era el primario, más de un millón de personas trabajaban en agricultura, ganadería y actividades relacionadas (59% de habitantes del sector rural, 7,5% en manufactura, 6,9% en comercio, 4,9% en la construcción, 3,3% en servicio doméstico y 2,8% en otras labores), es decir el sector primario ocupaba el 60,5% de la población rural, esto demuestra que la evolución del empleo rural desde 1990 al 2000 ha mostrado un mayor dinamismo en actividades recreativas, culturales, hostelería, comercio, transporte, comunicaciones, entre otros.

Tomando en cuenta los empleos creados en la ruralidad en la década de 1990 al 2000, el 53% provienen del sector agrario, esto se profundiza si se analiza los datos de la unidad básica de gobierno, la parroquia, 6 de cada 10 parroquias no superan los 5000 habitantes, estas contaban con mas de 500.000 empleos relacionados con la agricultura y pesca más del 67%, servicios 21%, industria y minería 8% y la construcción y otros el 4%, esta influencia del sector agrario ha sido la columna vertebral de las economías cantonales y provinciales.

Esto demuestra el peso del sector agrario en el desarrollo de la vida del poblador rural, en la mayoría de parroquias rurales es el principal motor económico y es la principal fuente de generación de empleo e ingresos. En estas “pequeñas” poblaciones los otros sectores económicos no poseen la escala, ni condiciones necesarias para ser desarrollados y formar una red potente y dinámica que reemplace a la agricultura.

Estas características agrícolas que marcan formar de organización de la producción muy desequilibradas territorialmente y socialmente injustas, sumada la debilidad para generar otras actividades económicas, explica junto a otras situaciones se explica la trascendencia de la pobreza alcanza en la áreas rurales ecuatorianas.

En el censo del 2001, se analiza la pobreza a partir del concepto de Necesidades Básicas Insatisfechas, facilitando esta información en escalas territoriales, en donde se muestra que el 61% de los ecuatorianos censados se encontraban en situación de pobreza.

Estas características demuestran a que a lo largo de la historia las poblaciones rurales se han visto afectadas por escasos niveles de acceso a los factores de producción; insuficientes servicios sociales básicos de salud, saneamiento y educación; a pocas oportunidades de empleo agrícola y no agrícola; por la falta de inserción en el tejido económico, y a una larga exclusión histórica por razones de sexo y etnia.

A pesar de todas estas adversidades el poblador rural se ha caracterizado a través del tiempo por ser el encargado de mantener la cultura, costumbres y tradición del país, ha manejado de manera adecuada su sistema económico teniendo como principio básico el manejo de prácticas adaptadas al medio y el autoabastecimiento, ha sido un referente en el manejo adecuado de los recursos naturales y ha sido ejemplo de organización y asociacionismo, incluso llegando a inferir en la palestra política de manera muy importante en nuestros días.

Esta breve y muy somera recopilación de sucesos demuestran la importancia de la población rural en el Ecuador, y marcan la pauta para las estrategias a implementar que permitan mejorar las condiciones de vida de este segmento poblacional. Para finalizar les comento que este es un resumen del documento original en el cual trabajo y quería compartir parte de él con ustedes, además estos datos impulsan una propuesta bastante innovadora que permita a la población rural ecuatoriana mejorar sobre todo el acceso a toma de decisiones.

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[1] Ramírez J. La migración calificada: El caso de los ecuatorianos en Canadá. Subsecretaria de Asuntos Consulares y Migración del Ecuador

[2] Acosta, A. López, S. Villamar, D. La Migración en el Ecuador. Centro Andino de Estudios Internacionales. Universidad Simón Bolivar. 2006

[3] INEC - Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.

[4] Cerdas, E. Jimenez, F. Valverde, M. Crisis de Ecuador en los años 1999 -2000

[5] García, F. ¿Un nuevo modelo rural en Ecuador? Cambios y permanencias en los espacios rurales en la era de la globalización. FLACSO 2007

LA TIERRA PARA QUIEN LA PRODUCE; 1964, 1973, 1994, Y, 2010-2011? – El Guabo

Por motivos personales, he estado fuera del blog por algún tiempo, pero poco a poco se van “alivianando” mis compromisos, así que a los pocos lectores les ofrezco mis agradecimientos por la espera.

En este año estuve trabajando en la Ciudad de El Guabo en la Provincia de El Oro en Ecuador, es un Cantón netamente agrícola, en donde los sembríos de banano y las camaroneras resaltan, limita al norte con la Provincia del Guayas y Azuay, al este con el Cantón Pasaje, al Sur con Machala y al Oeste con el Océano Pacífico, es una tierra privilegiada, por su ubicación ya imaginarán sus características, el recorrido que realice fue vía aérea hasta Machala y después por tierra hasta el Cantón en mención.

Tuve la oportunidad de analizar un estudio que realizaron en la zona de El Guabo, sobre los sistemas de riego en la década de los 70, donde se podía apreciar la distribución parcelaria que se había realizado al territorio en las zonas aledañas a las principales fuentes de riego y su evolución en el tiempo y poco a poco van desapareciendo sus límites hasta convertirse en una gran hacienda, de aquí nace la PERCEPCIÓN de esta vez, quiero recordar que esto no se trata de una investigación, es simplemente una mirada a lo sucedido.

El tema cual abordaré en este escrito, apasiona a toda Latinoamérica, ha sido uno de los principales ideales revolucionarios a lo largo de nuestra rica historia; Villa, Cardenas, Castro, Guevara, entre los más conocidos, a nivel nacional Cahuango, Amaguaña, entre muchos más, son y serán un referente mencionados en los procesos de Reforma Agraria pasados, presentes y futuros.

Estamos en continuos ciclos de concentración y desconcentración de tierra, acaso pensamos en estos de forma conjunta y no los podemos desligar, es decir, hoy dividido para mañana agrupar?, acaso nos preocupamos hoy por lo social para mañana preocuparnos por lo económico (dividimos = equidad; agrupamos = competitividad), o consideramos que hemos cambiado el chip para reconocer un proceso de desarrollo económico-social conjunto.

Seguramente uno de los temas más influyentes para las dinámicas sociales, políticas y económicas en el Ecuador ha sido hasta la actualidad la Reforma Agraria. Las características que han tenido sus varias implementaciones la han catalogado como causante de minifundización del agro, migración y desabastecimiento alimenticio, mientras en algunos textos se plantea que nunca fue realmente aplicada; lo que si podemos afirmar es que es necesario realizar una desconcentración de tierra que permita mejorar los niveles de vida en las zonas rurales más vulnerables a través del impulso de la competitividad territorial.

Porqué no funcionaron las Reformas del 64, o del 73, o del 94?, pues cada uno de ustedes estimados lectores virtuales, tienen su propio concepto, pero analicemos algunos puntos que quizás concordemos.

La Reforma Agraria siempre ha estado vinculada con grupos sociales desfavorecidos rurales (entiéndase desfavorecidos como aquellas personas que no poseen los recursos económicos y productivos necesarios para satisfacer sus necesidades), siempre relacionados en un 100% con agricultores de subsistencia, aunque con el tiempo ese porcentaje ha cambiado a otras ocupaciones, pero todavía el mayor de los porcentajes se relaciona con actividades agropecuarias, además estos grupos han estado sometidos bajo ciertas injusticas sociales recordemos el huasipungo y la huasicama, que han promovido el levantamiento y la movilización indígena (caso específico 1964, donde el 73,1% de los predios a nivel nacional tenían menos de cinco hectáreas y en conjunto llegaban bajo diversas formas al 7,2% de la superficie total del Ecuador) por situaciones más justas y solicitando tierra productiva, esto ha generado varias movilizaciones, entre estas y una de las más grandes sucedió en la década de los 60, donde cerca de 12.000 indígenas se trasladan hacia la ciudad de Quito pidiendo mejoras en sus condiciones laborales y tierra para producirla.

Estas movilizaciones más las presiones económicas y sociales de los sectores no agrarios promovieron el establecimiento de la primera Ley de Reforma Agraria en 1964, a pesar de esto la decisión política truncó el proceso ya que se dirigió a la protección de los grandes terratenientes y dueños de las haciendas, entre estos la iglesia católica, otorgando tierras a los campesinos fuera de las haciendas, es decir, extendiendo la frontera agrícola hacia zonas de montaña, productivamente bajas y zonas de selva amazónica, generando un shock social, ambiental y económico inmenso, llevando prácticas y tradiciones productivas de territorios específicos a lugares no apropiados.

En el 73, la ley emitida es el resultado de la continua lucha lograr la justicia social para el pueblo ecuatoriano, pero no tuvo mayores avances en establecer una desconcentración de la tierra justa, nuevamente los movimientos sociales son los principales promotores, en Guayaquil se reunieron alrededor de 45.000 campesinos para reclamar por una reforma agraria.

El índice de Gini después de esta reforma alcanzó el 0,85 (el índice de Gini mientras más se acerca a 1 existe menor paridad), además después de este periodo se evidencia un aumento entre la brecha de superficies mayores en comparación con las menores a 5 ha en relación con la del 64, una de las zonas donde más se aplicó la redistribución de la tierra fueron en las zonas arroceras de la costa y donde menos se aplicó fue en los cantones de modernización agrícola. Entre los causales del fracaso de la ley nuevamente se encuentran los grupos de poder, quienes para evitar que sus tierras sean tocadas, golpean a la estructura política de la época basada en la milicia, lo que repercute en el cambio del Ministro del sector.

Recordemos que en el año 72 inicia la explotación petrolera ecuatoriana, la cual, pudo dar un impulso positivo hacia la consecución de la Reforma Agraria y sobre todo a su sostenibilidad, como fue el caso del proceso mexicano liderado por Lázaro Cárdenas desde la presidencia, este proceso trascendió hasta la actualidad; pero en el país se declararon “prioridades” otros aspectos, hasta ahora tengo en mente las fotos de Velasco Ibarra como Presidente teniendo en manos un barril simbólico de petróleo con las fuerzas armadas a su alrededor, ya supondrán a donde fue ese dinero.

La evolución de la Ley de Reforma Agraria del 73, fue la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario del 79, la misma que desde mi PERCEPCIÓN, tuvo como objetivo el aumento de manera exponencial de la producción y productividad para satisfacer las necesidades de los ecuatorianos, pero no plantea soluciones al problema del agro, al contrario profundiza las desigualdades sociales, ya que los programas de asistencia a la agricultura quedan limitados a exportadores, neutralizando la Reforma Agraria.

En 1994 se expide la Ley de Desarrollo Agrario, fortaleciendo los derechos de la propiedad  y desincentivando las formas precarias de tenencia de tierra al eliminar las restricciones de transferencia de la misma; limitó las expropiaciones estableciendo el pago en efectivo sobre la base de avalúo público perjudicando al campesino e indígena quienes históricamente no han tenido dinero para comprar tierra; algo que me parece fatal de esta ley, es la autorización de la división de las tierras comunales en parcelas individuales privadas (siempre bajo la autorización de los 2/3 de miembros de la comunidad), esto fomento la creación de minifundios, dividiendo aún más a la sociedad productiva ecuatoriana.

Y ahora en el 2010, la pregunta sería ¿Se intenta iniciar otro proceso de Reforma Agraria?, pues hemos escuchado desde el segundo semestre a la fecha sobre la revolución agraria, pero al menos para un servidor eso no ha quedado claro, aunque hemos visto que se ha emprendido el Plan Haciendas, que distribuye las tierras estatales a comunidades campesinas, asociaciones de productores, pero hasta ahí han llegado, se ha mencionado con fuerza el inició de distribución de tierras mayores a las 500 ha, pero le reducido el nivel a esta idea por las consecuencias políticas que puede traer, al menos eso parece.

De ser este el caso, ¿Qué deberíamos hacer en el 2011 para tener un proceso de “Reforma Agraria” eficiente?

Primero se deberían establecer políticas reales resultantes de procesos participativos que apoyen realmente a los sectores menos favorecidos, a zonas rurales donde la producción de consumo nacional es prioritaria; políticas participativas que puedan ser sostenibles y no estén a disposición de los cambios de cabeza en los Ministerios sectoriales, una alternativa sería que el Ministerio Coordinador gestione la política construida desde las bases sociales a través de los Ministerios Sectoriales evitando, en teoría, el “reciclaje de políticas”.

Además deberíamos reconocer si las políticas que están formuladas pueden realmente aterrizar en el territorio ecuatoriano, existe realmente la capacidad o el INTERÉS de que las políticas y lineamientos establecidos en beneficio de los pequeños agricultores lleguen a ellos?, y esta pregunta engloba además toda la administración pública y sus engranajes, en esta etapa históricamente se ha difuminado todo el trabajo que se ha querido implementar, por lo cual, la pregunta desde las autoridades debería ser ¿Realmente se cuenta con los buyes necesarios para arar el campo, o es necesario cambiarlos?, cambios no por tendencia política, sino por capacidad.

Desde el punto de vista estructural, lo prioritario es mejorar los sistemas de apoyo al agro a nivel nacional, más que repartir tierras por repartir, direccionándolos a los agricultores más vulnerables, en especial los ubicados en zonas rurales; sistemas de crédito (pero crédito real y oportuno, sin objetivos políticos); asistencia técnica diferenciada por zonas y cultivos (esto además implica mejorar los niveles de investigación e innovación a nivel nacional); mejora de la infraestructura rural como mercados, centros de acopio y almacenamiento, este punto muy enlazado con el mejoramiento de vial para la comercialización de productos, entre otros; sistemas de riego a nivel nacional, pero riego efectivo parcelario, que signifique un verdadero aporte para los pequeños agricultores, no que les invite a sembrar en los costados de los grandes canales de tránsito de agua; sistemas de asociatividad que permitan mejorar la competitividad de los pequeños, recuperar sus tradiciones y fomentar el uso adecuado de los recursos naturales, humanos y económicos, entre los principales.

Una vez que el país cuente con sistemas consolidados temporal y sobre todo políticamente, pues entraría una Reforma Agraria con mayor porcentaje de efectividad y con mayor beneficio para el país, esta no se debería fijar en cantidad de tierra, sino en su productividad y producción, como ejemplo práctico si una Asociación de Ganaderos que manejan 500 ha, demuestran el uso eficiente y responsable tanto social, ambiental y económico de la tierra que manejan no existe la necesidad de realizar expropiaciones de este terreno, de lo que tengo entendido se continua discutiendo en el Ministerio del sector el reglamento a establecer para este efecto.

En fin, a la espera de un nuevo intento de desconcentración de la tierra que tan anhelado ha sido por todos los sectores sociales del país, la invitación está puesta para discutir del tema de forma abierta desde nuestro espacio para aportar con nuestro grano de arena para impulsar un desarrollo integral del Ecuador, beneficiando a quienes en verdad lo necesitan y fortaleciendo a la agricultura como el verdadero pilar económico, social y ambiental nacional.

Marco Moncayo Miño

LAS NUEVAS MANCOMUNIDADES ECUATORIANAS - Pangua

El Cantón Pangua de la Provincia de Cotopaxi, colinda con los cantones La Maná y Pujilí en su provincia, con los cantones Ventanas y Quinsaloma de la Provincia de Los Ríos y con los cantones Las Naves y Guaranda de la Provincia de Bolívar.

Pangua tiene características netamente rurales, posee una población cercana a los 9000 habitantes, según datos del SIISE la pobreza por NBI alcanza el 90% de la población en general; se encuentra en una zona de transición entre la sierra y la costa, lo cual, le otorga particularidades especiales en cuanto al clima, suelo, agua, entre otros; sus principales actividades productivas son las agropecuarias, los cultivos más comunes en la zona son: café, cacao, maíz, maracuyá, fréjol de palo, banano, naranja, mora, caña de azúcar, malanga y la producción ganadera de doble propósito, entre otros.

Por motivos laborales llegué vía terrestre siguiendo la ruta Quito-Santo Domingo-Quevedo-La Ercilia-Quinsaloma-Moraspungo-El Corazón (estos dos últimos son parroquias del cantón en mención), después de 5 a 6 horas de viaje y diálogo ameno, arribé a El Corazón, la capital cantonal; conozco que otra vía de acceso es Latacunga-Zumbawa-San Francisco, o Latacunga-Zumbawa- La Maná-Ventanas-Quevedo.

La PERCEPCIÓN de este escrito, nace de una reunión mantenida por estas fechas en el cantón en mención con varias instituciones, en donde los temas a tratar estaban muy vinculados a la planificación territorial, en donde la palabra mancomunidad se mencionó con fuerza por varias veces, motivo por el cual, he plasmado estas letras.

Es interesante iniciar analizando el nuevo Marco Constitucional ecuatoriano, específicamente el Artículo 243, de la Constitución Nacional Vigente, que manifiesta “Dos o más regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán agruparse y formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración…..”; estableciendo la posibilidad de que dos o más territorios puedan establecer lazos, vínculos, articulaciones necesarias para asumir de manera responsable las competencias otorgadas por la Constitución; además es necesario tomar en cuenta el Capítulo cuarto, Régimen de Competencias del Título V, Organización Territorial del Estado, en donde se otorgan competencias exclusivas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados-GAD’s, estableciendo un primer punto de enlace para cualquier tipo de articulación territorial; para efectos del caso y debido al interés del “escritor”, se tomarán en cuenta dos de estas, primero la planificación y ordenamiento territorial la misma que es una competencia directa de los GAD’s provinciales, municipales y parroquiales; y, segundo, el fomento del sector agropecuario, la cual no es una competencia directa de los Gobiernos Municipales, mas sí de los Gobiernos Provinciales (Art. 263, numeral 6), y de las Juntas Parroquiales (Art. 267, numeral 4).

Como mencioné anteriormente, las competencias son un primer punto de enlace territorial, pero cómo un municipio netamente rural como Pangua, en donde la agricultura es su principal motor de desarrollo puede dejar de fomentar este sector?; podríamos decir que las Juntas Parroquiales deben asumir esa responsabilidad?, la práctica demuestra que no existe la institucionalidad política ni técnica suficientemente consolidada en una Junta Parroquial para asumir la competencia, lo que hace necesaria la intervención del Gobierno Municipal en el fomento productivo en las condiciones mencionadas (recuerdo que es una percepción). Hace pocos días se presentaron los “Lineamientos para la Planificación del Desarrollo y el Ordenamiento Territorial”, establecidos por SENPLADES, CONCOPE, AME y CONAJUPARE, en donde se establece que los instrumentos de planificación y gestión local no deben limitarse por las competencias exclusivas o compromisos propios, sino, tomar en cuenta compromisos incluidos y recomendaciones particulares del territorio, siendo estas últimas, competencias de otros niveles de gobierno, favoreciendo la intervención en mención.

El proceso de descentralización de responsabilidades u otorgamiento de competencias del cual estamos hablando, lo que busca es mejorar el acceso y por ende el uso y utilización del recurso público, para generar un mayor bienestar social, aquí es donde, sin el ánimo de parecer fanático quisiera incluir un par de conceptos de interés obligando a la reflexión del lector, el primero vinculado directamente con el acceso antes mencionado “el éxito de una sociedad debe juzgarse por las posibilidades reales que las personas tienen de elegir el nivel de vida que desean tener, es decir, para el desarrollo es tan importante vivir satisfactoriamente como tener el control sobre la vida propia”; y el segundo sobre bienestar es que “el desarrollo de un estado de bienestar común, no solo se relaciona con indicadores económicos positivos; estos objetivos económicos son solo un medio para alcanzar un fin mayor, la libertad humana; de esta manera afirmamos que el bienestar se mide por el acceso real que tengan la sociedad a las oportunidades”, ambos de Amartya Sen .

Entonces, respetando los procesos particulares de planificación que han emprendido los GAD’s, ¿Cuáles serían las recomendaciones que con estos antecedentes se podrían establecer para la conformación de mancomunidades?

Primero hay que hacer una retrospectiva y mirar que es lo que ha venido pasando en el país, ya que la “unión territorial” no es nueva, ya han existido casos de éxito relativo, uno de estos es la mancomunidad Austro Sur, entre la Provincia de Azuay y El Oro, quienes al identificar un interés común, en este caso el manejo de la cuenca del río Jubones establecieron acciones conjuntas; les menciono de relativo éxito ya que, aunque no puedo profundizar por desconocimiento sobre el manejo que se está dando a la cuenca en mención, se han establecido fuertes lazos políticos entre estas provincias, atrayendo a sus vecinos para formar una gran mancomunidad, entre costa sierra y oriente de la parte sur del Ecuador, este proceso sigue en construcción. Podríamos decir que, el principal punto para establecer una futura mancomunidad es IDENTIFICAR INTERESES COMUNES, vinculados a mejorar la gobernabilidad, competitividad, equidad y sustentabilidad.

Con esta perspectiva los intereses van a estar relacionados con vialidad, servicios básicos, manejo de cuencas hidrográficas, entre otros, pero sobre todo y como tradicionalmente sucede en territorios rurales, los intereses van a estar dirigidos a impulsar el crecimiento económico a través del mejoramiento de la competitividad local; pero caemos nuevamente en el error que hemos venido manejando por años, el crecimiento económico no es sinónimo de desarrollo; entonces el reto está en identificar intereses comunes que nos permitan mejorar el acceso al bienestar del cual hablamos anteriormente.

Por los motivos expuestos me atrevo a decir que el interés más importante que deben tener dos o más territorios para establecer mancomunidades sostenibles y obtener mayor impacto en sus acciones, debería ser la generación de política pública local y sectorial, que impulse iniciativas en conjunto, aprovechando el proceso de Planificación y Ordenamiento Territorial que deben emprender los GAD’s; política pública que permita “mejorar el acceso real de la sociedad a las oportunidades”, que logre obtener una distribución más equitativa de los beneficios entre todos los miembros de la sociedad y direccione la generación de políticas de estado asegurando su sostenibilidad.